El ambientalismo —hoy— es como una película de Michael Bay: una secuencia interminable de frases hechas y reuniones «históricas» bajo la amenaza constante del fin del mundo. Un apocalipsis amable, sin embargo: una liturgia de salvación con catering, que no impide detenerse a degustar un buen vino ni vivir un apasionado romance de verano. Un catálogo, en fin, de tópicos y clichés —el pleonasmo es voluntario— que harían avergonzar incluso a un guionista de Netflix, pero que, convenientemente saturados de color y acompañados de la música correcta, llegan a dar la sensación de hazaña épica.
Una de estas escenas de blockbuster-verde sucedió la mañana en que un buque oceanográfico llegó a Pelican Bay, en Santa Cruz (Galápagos) —un momento “voy a salvar el mundo” que solo podrán entender quienes hayan visto a Bruce Willis despedirse de Liv Tyler desde un meteorito en rumbo de colisión inminente con la Tierra—.
Fondeado como el rey de la rada, el leviatán científico. Una bestia de 363 pies de acero reluciente y soberbia tecnológica, gigantesca frente a la colección de pangas resquebrajadas por la sal y el repertorio amorfo de lanchitas turísticas con olor a gasoil, a ron barato y a vomitonas. Un rato antes su tripulación había descendido de la clase business de un vuelo intercontinental y abordado las relucientes Zodiacs con el aplomo indiferente de un escuadrón de astronautas pisando un planeta bárbaro: monos azules inmaculados, gafas Ray-Ban polarizadas, gorras ceñidas y un arsenal de maletines herméticos con pegatinas de Malvinas, Svalbard, Antártida, Great Barrier Reef, Burning Man...
El contraste con el paisanaje no era solo escenografía. Era la radiografía forense de la desigualdad global.
Y lo que se cortaba en el aire del muelle no era asombro provinciano, ni respeto, o esperanza, sino pura tensión atávica y humana. Los pescadores locales —tipos curtidos a resolana, hidalgos de la marea, conversadores de sirenas y adivinadores de tormentas por el sabor de la brisa— no miraban a estos privilegiados alienígenas rubicundos con admiración. Los observaban con la inquietud de la presa.
Los “locales” —parece incluso un insulto—, con el instinto afilado del que sobrevive en la frontera del arrecife, sabían que esa élite venía, una vez más, a expropiarles el mar.
Es una asimetría salvaje que los documentales de NatGeo te ocultan con violines.
De un lado, el jefe de expedición —un sesentón fitness de cutis exfoliado— y su artillería científica: sondas multihaz, telemetría satelital, marcas acústicas, cámaras estéreo cebadas. Cada chip y cada dólar de ese buque existiendo para arrancarle un secreto a la intimidad de los peces. Pero ninguno, absolutamente ninguno, diseñado para aprender nada de la gente.
Del otro lado del muelle late el ecosistema humano. Cincuenta, cien, doscientas familias cuya supervivencia evolutiva, locura y digestión dependen del mismo arrecife que los alienígenas vienen a salvar. Para estudiarlos a ellos no han llegado drones. No hay encuestadores, ni todoterrenos, ni servidores en la nube. Hay, si tienen suerte, un burócrata aburrido anotando una cifra raquítica de libras desembarcadas en una libreta manchada de sangre.
Y esta escena no es poesía de taberna. Es un cataclismo estadístico que afecta a la gobernanza, a la economía, a la biodiversidad y a la propia vida de cada Nación Megadiversa; y que alguien, por suerte, ya se tomó el trabajo de cuantificar.
El eufemismo
En 2019, Sara Hornborg y un equipo de investigadoras de Suecia y Australia publicaron en Marine Policy un artículo de título sobrio y conclusión incómoda: Ecosystem-based fisheries management requires broader performance indicators for the human dimension1. Revisaron 134 trabajos científicos sobre manejo pesquero basado en el ecosistema —el EBFM, el paradigma que lleva tres décadas prometiendo poner a las personas en el centro de la gobernanza marina— y se dedicaron, sencillamente, a contar. Contar qué se medía cuando se decía estar midiendo “lo humano”.
Menos de la mitad de esos 134 trabajos mencionaba siquiera un indicador humano. Entre todos sumaban unos 150 indicadores sociales distintos, la mayoría citados una sola vez. Frente a ellos, el campo tenía catalogados alrededor de 470 indicadores ecológicos. Y de los 150 humanos, apenas 14 aparecían con frecuencia suficiente —cinco menciones o más— como para considerarse de uso establecido.
Lo más revelador no es la escasez. Es la composición. Esos 14 indicadores fiables de la dimensión humana son, en su abrumadora mayoría, económicos: volumen de captura, ingreso bruto, beneficio, eficiencia de captura, esfuerzo, tasa de explotación, costos de capital, precio de mercado.
Cuando Hornborg mapeó cada indicador contra los objetivos declarados del EBFM, uno solo —el que llamaron “economía pesquera rentable”— se llevó el 31% de todas las menciones. Bienestar comunitario, equidad, seguridad alimentaria, identidad, salud ocupacional, derechos de tenencia: el resto del espectro humano se repartió las migajas.
Así que permítanme decirlo sin rodeos, porque es la tesis de todo lo que sigue: en la práctica del manejo pesquero, “la dimensión humana” es un eufemismo de “la economía de la flota”.
La dimensión humana es un eufemismo de “la economía de la flota”.
No es un descuido de redacción. La definición canónica del EBFM —la de la NOAA, la de la FAO— es explícita y generosa: reconoce las interacciones físicas, biológicas, económicas y sociales entre todos los componentes del ecosistema, “incluyendo de manera central a los seres humanos”. El texto está bien. El problema es que entre el texto y el tablero de indicadores hay una caída, y en esa caída se pierde casi todo lo que hace humana a la dimensión humana: el bienestar relacional, la identidad ocupacional —esa cosa difícil de cotizar que hace que alguien sea pescador y no solamente alguien que pesca—, la equidad de quién decide y quién accede, la seguridad alimentaria de quien produce el alimento, la salud de los buzos, el conocimiento ecológico local. Todo eso queda fuera del tablero no porque a alguien no le importe, sino porque medir un precio es barato y medir una vida es caro. Y un sistema que solo mide lo barato termina creyendo, de buena fe, que lo barato es todo lo que hay.
El pez entró en el modelo. El pescador quedó en la nota al pie.
El consenso ya cambió
La buena noticia es que las agencias más serias dejaron de fingir que esto está bien.
La NOAA articuló una estrategia explícita de Human Integrated Ecosystem Based Fishery Management, cuya premisa es que esta década exige una gestión marina capaz de equilibrar conservación, industria, alimentos, empleo y bienestar humano con la misma seriedad que aplica a la biomasa. No es retórica de buenas intenciones: la NOAA mantiene desde hace más de una década los Community Social Vulnerability Indicators (CSVI), una herramienta cuya versión 5 fue actualizada el 24 de junio de 2024 y que compara 14 índices sociales —dependencia pesquera, pobreza, presión de gentrificación, riesgo climático— para más de 4.800 comunidades costeras en 23 estados. El detalle que importa es ese: lo social deja de ser una conversación vaga y se convierte en una infraestructura de datos, replicable y con calendario de actualización.
En paralelo, el informe Illuminating Hidden Harvests —de la FAO, Duke University y WorldFish, en su edición de 2023— entregó la cifra que debería incomodar a cualquier ministerio. La pesca de pequeña escala aporta al menos el 40% de la captura global y da empleo, a lo largo de su cadena de valor, a unos 60,2 millones de personas: cerca del 90% de todo el empleo pesquero del planeta. La pesca artesanal no es un residuo premoderno del sistema. Es una de las grandes infraestructuras humanas de seguridad alimentaria que existen —y sigue siendo tratada, demasiadas veces, como una externalidad—.
El campo, en suma, ya sabe lo que falta. Lo que no ha resuelto es por qué falta de manera tan sistemática, tan idéntica de un país a otro. Y ahí la queja necesita un marco.
La falsa dureza del dato
Durante años se instaló una jerarquía cómoda: el dato biofísico parece duro, el dato social parece blando. Esa jerarquía es falsa, y debemos desmontarla antes de seguir.
Un número de captura puede ser frágil, incompleto o manipulado. Una estimación de biomasa puede estar saturada de incertidumbre, dependiente de supuestos ecológicos discutibles. En cambio, una comunidad que dice “la langosta ya no llega como antes”, “mis hijos no quieren pescar”, “el hielo está demasiado caro”, “la veda se decidió sin nosotros”, “el intermediario se queda con el margen”, está entregando información de altísima resolución sobre el estado real del sistema. No es información menos científica. Es información científicamente incómoda: cara de levantar, difícil de comparar, imposible de fingir.
La Teoría de la Megabiodiversidad (TMD) tiene un nombre para lo que produce esa incomodidad. Lo llama Déficit de Información Ambiental (DIA): la idea de que la ausencia de información sobre el mundo natural no es anecdótica ni aleatoria, sino estructural, medible y políticamente distribuida —y que golpea con especial dureza a los países megadiversos del Sur—. La dimensión humana del EBFM no sufre ese déficit un poco más que el resto del dato ambiental. Lo sufre en su forma más aguda, porque el dato humano es el que más se rompe en cada una de las ocho fracturas que la TMD identifica en la manera en que producimos, hacemos circular y usamos el dato ambiental.
Lo que tiene precio se mide y lo que no tiene precio no se mide —primera fractura, la de captura: por eso casi el 90% de los indicadores oficiales corresponde a variables con valor monetario directo—. Las pesquerías están instrumentalmente sobreequipadas para la biología y desnudas para la sociología —segunda fractura: hay AIS, no hay etnografía sistemática—. El dato se agrega a escala nacional y pierde el grano del hogar y de la embarcación, que es justo donde se toman las decisiones humanas. Las bases no conversan entre sí. Y el dato, cuando sale de la comunidad, casi nunca regresa con poder de uso.
La octava fractura es la más profunda, y es la que explica la escena del muelle de Galápagos. La TMD la llama reflexividad material: la pregunta por la materialidad del dato mismo. ¿Qué sostiene físicamente la producción de un dato de bienestar sobre un pescador de Punta Alegre, en la costa Ngäbe-Buglé? ¿Hay un encuestador contratado, un vehículo para llegar, un formulario diseñado, un servidor donde guardar la respuesta, energía para alimentar ese servidor, alguien formado para interpretarla? Si no los hay, el dato no está simplemente ausente. Es estructuralmente imposible. Y un dato imposible se presume inexistente.
Esa frase debería ser el centro del debate: lo que no se registra se presume inexistente. Y lo inexistente no se financia, no entra en los modelos, no llega a la mesa donde se decide, no tiene derecho a reclamar. La dimensión humana de la pesca no es un “anexo blando” del manejo. Es una zona crítica del dato ambiental —quizá la más difícil, sin duda la más política—, y lleva décadas funcionando como no-dato.
Panamá: el mandato existe, la infraestructura no
Llevemos esto a un mar concreto. Panamá es un caso instructivo precisamente porque desmiente la excusa más fácil.
La excusa fácil diría que el déficit humano persiste porque la ley no obliga a cerrarlo. En Panamá, la ley sí obliga. La Ley 44 de 2006, que creó la Autoridad de los Recursos Acuáticos, ordena que la administración del recurso contemple “aspectos biológicos, tecnológicos, económicos, de seguridad alimentaria, sociales, culturales, ambientales y comerciales” —y manda identificar mecanismos que mejoren la calidad de vida de los pescadores—. La Ley General de Pesca y Acuicultura, la 204 de 2021, va más lejos: contempla un Sistema Nacional de Información y Estadística Pesquera, y su reglamento define el “indicador de desempeño” de una pesquería de modo que incluye, por mandato explícito, métricas sociales, además de exigir diagnóstico social previo y participación comunitaria en la formulación de planes.
El mandato existe. Está escrito, vigente y es ambicioso. Lo que no existe es la octava fractura cerrada: la infraestructura material que convertiría ese mandato en dato. Panamá tiene la obligación legal de medir el bienestar de sus pescadores y, a la vez, casi ninguna manera estructural de hacerlo. La ley pide un dato imposible.
Y, sin embargo, hay una pista de que lo imposible se puede materializar —y viene de abajo—. En el Golfo de Montijo, la Federación de Pescadores Artesanales del Área de Influencia del Parque Nacional Coiba (FEPACOIBA), constituida en 2011, articula trece asociaciones de base y más de 260 familias. Eso no es una lista de asociados: es una arquitectura social. Una federación es una red de confianza, una estructura de representación, una memoria territorial, un actor capaz de negociar con el Estado y los mercados. Y una arquitectura social puede convertirse en sensor: con apoyo de MarViva y otros socios, la propia flota artesanal del Golfo de Montijo está instalando monitoreo satelital y centros de vigilancia pesquera operados por las comunidades. Cuando una comunidad está organizada, el Estado no enfrenta individuos dispersos, sino una infraestructura de inteligencia territorial. La pregunta es si Panamá quiere tratar esa arquitectura como folclore o como una pieza central de su sistema de datos.
La especie que aparece como mercancía y desaparece como cultura
El ejemplo más fino de la ceguera que hay que corregir tiene caparazón. La langosta espinosa del Caribe y el caracol pala son, para la contabilidad del Estado, vectores de exportación: toneladas de producto suntuario que viajan a los restaurantes del Norte. Para las comunidades de Bocas del Toro y de Guna Yala son otra cosa, algo que la etnobiología llama especie clave cultural: la entidad biológica alrededor de la cual se estructuran el léxico, los ritos, las redes de intercambio, la identidad. El mismo animal es perfectamente visible en una de sus naturalezas —la mercancía— y perfectamente invisible en la otra —la columna vertebral de una cosmovisión—. La langosta entra en el libro mayor; la langosta como pilar de identidad guna no entra en ningún registro del Estado.
Y esa dimensión existe, y es legible. Los Guna llevan siglos administrando su mar con un cuerpo normativo propio, el Anmar Igar, y sus mayores pueden fechar con precisión el momento en que el pez sierra y el gran sábalo dejaron de subir a los botes: los años ochenta. Eso es una serie temporal. Es un dato de cambio ecológico de altísima calidad —que ningún sistema oficial recogió, porque no estaba codificado en una base interoperable y, por tanto, para los modelos, no existía—. La dimensión humana de la pesca panameña no es pobre. Es riquísima. Lo que es pobre es la capacidad del Estado de verla.
Una cifra para el déficit
Lo que vuelve operativa a una crítica es darle un número. Y aquí hay uno, simple y casi provocador.
Si el DIA es estructural y medible, entonces se puede medir. La métrica más directa es una razón: indicadores humanos sobre indicadores biofísicos y económicos en un plan de manejo oficial. Tómese cualquier plan de ordenación pesquera y cuéntense sus indicadores. Si reporta treinta variables ecológicas, diez económicas y apenas tres humanas, la pregunta deja de ser si el plan “incluye participación” —casi todos dicen incluirla— y pasa a ser cuantitativa: cuál es su déficit real de información humana.
El DIA humano de una pesquería se puede leer en una sola cifra: la proporción de su tablero de control que ignora a las personas. Es simple, es comunicable, es auditable —y casi ninguna jurisdicción del mundo se atrevería hoy a publicarla.
Una cifra así no resuelve nada por sí sola. Pero convierte un reproche difuso en una auditoría, y una auditoría puede volverse política pública. Cada plan pesquero debería declarar su DIA humano. Cada certificación debería reportarlo. Cada proyecto financiado por la banca multilateral debería comprometerse a reducirlo. Y cada mesa técnica debería preguntar no solo cuántos peces hay, sino qué no sabemos todavía sobre las personas que dependen de ellos.
Codificar no es lo mismo que medir
Si el problema fuera solo de cantidad, la solución sería evidente: agregar preguntas a las encuestas, contratar antropólogos, levantar más datos. Hace falta, sí. Pero hay una trampa esperando al final de ese camino, y tiene nombre: extractivismo de datos.
Una encuesta de bienestar bien intencionada puede ser, igualmente, extractiva. Los países megadiversos del Sur producen el dato primario; las infraestructuras del Norte lo procesan, lo almacenan, lo certifican; y el dato regresa convertido en índices y sellos que disciplinan la política local. El proyecto de mejora pesquera de los pequeños pelágicos panameños generó información valiosa que terminó nutriendo una certificación privada del Norte y una auditoría europea —mientras la arquitectura de validación última, y la recompensa simbólica, quedaban fuera del país—. Sumar datos humanos a esa misma arquitectura no cierra el déficit: lo profundiza, ahora también sobre las vidas de la gente.
Por eso la respuesta no es medir más. Es codificar distinto. Y esa es exactamente la diferencia entre el EarthCode y una encuesta.
Codificar un indicador a la manera del EarthCode significa que el dato, desde el primer campo y como condición de existencia, atraviesa una serie de compuertas: declara su ontología —qué fenómeno pretende representar—, su proveniencia —quién lo recolectó, con qué consentimiento, bajo qué autoridad—, su instrumentación, su granularidad, su interoperabilidad. Y, en la última compuerta, su reflexividad y retorno: a quién le sirve, cómo vuelve a la comunidad de origen, qué efecto material tiene su existencia. Esa última compuerta no puede ser opcional. Un dato sobre una comunidad guna que no contemple su retorno a la comunidad guna no es un dato bien hecho con un defecto menor: es un dato mal hecho. La soberanía no es un adorno ético del protocolo; es parte de su definición técnica de calidad.
La soberanía no es un adorno ético del protocolo; es parte de su definición técnica de calidad
Panamá Azul Verificable
Eso es lo que está realmente en juego en una plataforma soberana de datos marino-pesqueros —lo que en Panamá se ensaya bajo la idea de un Azul Verificable—. No es un repositorio más bonito. Es una afirmación de soberanía epistémica: la decisión de codificar, desde el inicio, quién decide qué cuenta como dato, quién lo posee y quién recibe sus beneficios. Una plataforma así serviría, además, para lo concreto: responder a la Unión Europea en materia de pesca ilegal, sostener certificaciones sin volverse proveedor barato de información para estándares ajenos, evaluar vedas, defender al pescador artesanal sin renunciar al ordenamiento. La soberanía marítima del siglo XXI no consiste solo en patrullar aguas. Consiste, cada vez más, en gobernar datos.
Coda
Me gustaría cerrar desactivando un malentendido. Integrar la dimensión humana no es “hacer más social” la pesca por compasión. Es gestión de riesgo.
Una norma que ignora el bienestar material de una comunidad produce resistencia. Una veda sin alternativa productiva genera conflicto. Una fiscalización sin legitimidad se percibe como persecución. El manejo pesquero fracasa cuando confunde obediencia con sostenibilidad —y la sostenibilidad real no se impone solo con patrullas, decretos y algoritmos: se construye con datos, justicia procedimental y legitimidad—. Por eso los indicadores humanos son, en rigor, indicadores ecológicos indirectos. Una comunidad con confianza, derechos claros y capacidad organizativa cumple reglas, colabora en el monitoreo y se adapta a los shocks. Una comunidad empobrecida y excluida queda atrapada en la única lógica que le dejaron: extraer más para sobrevivir hoy, aunque eso degrade el sistema mañana. La pobreza no es sostenible. Tampoco ecológicamente.
Ningún sistema de indicadores produce justicia por sí mismo; un dashboard no reemplaza a una política, y conviene repetirlo para no caer en la fe ingenua de que basta con contar. Pero la inversa sí es cierta, y es grave: un sistema que se niega a medir lo que importa condena el debate público a girar, año tras año, en torno a libras desembarcadas y dólares exportados, mientras las comunidades que sostienen con su cuerpo el ecosistema siguen siendo invisibles en su propio Estado.
El primer paso no es heroico. Es humilde, y cabe en cinco preguntas que son, además, las compuertas del EarthCode: qué no estamos midiendo; quién queda fuera del dato; quién decide qué cuenta; quién posee la información; quién recibe sus beneficios.
Porque una pesquería capaz de describir a un pez de cuatrocientas setenta maneras y a un pescador de catorce no es un enfoque ecosistémico. Es el viejo modelo de especie única, con vocabulario nuevo. Y no se puede gobernar el océano contando solo peces: hay que aprender, por fin, a contar también las vidas que el océano sostiene.
— Juan del Mar
Escribo sobre el mar, sus datos y quienes lo gobiernan, desde la Teoría de la Megabiodiversidad.
El Pulpo Verde · BioVoxel.Earth
Fuentes principales
Hornborg, Sara, Ingrid van Putten, Camilla Novaglio, Elizabeth A. Fulton, Julia L. Blanchard, Éva Plagányi, Cathy Bulman y Keith Sainsbury. 2019. “Ecosystem-Based Fisheries Management Requires Broader Performance Indicators for the Human Dimension.” Marine Policy 108: 103639. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2019.103639
FAO, Duke University y WorldFish. 2023. Illuminating Hidden Harvests: The Contributions of Small-Scale Fisheries to Sustainable Development. Roma: FAO.
NOAA Fisheries. Human Integrated Ecosystem-Based Fishery Management — Research Strategy 2021–2025.
NOAA Fisheries, Office of Science and Technology. Community Social Vulnerability Indicators (CSVIs), Versión 5, actualizada el 24 de junio de 2024.
Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá. Ley 44 de 23 de noviembre de 2006. República de Panamá.
Asamblea Nacional de Panamá. Ley 204 de 2021, General de Pesca y Acuicultura, y su Decreto Ejecutivo reglamentario.
FEPACOIBA. Federación de Pescadores Artesanales del Área de Influencia del Parque Nacional Coiba — fepacoiba.com.
Las categorías del Déficit de Información Ambiental, las ocho fracturas del dato, la reflexividad material y el protocolo EarthCode corresponden a la Teoría de la Megabiodiversidad.
Sara Hornborg, Ingrid van Putten, Camilla Novaglio, Elizabeth A. Fulton, Julia L. Blanchard, Éva Plagányi, Cathy Bulman, Keith Sainsbury, Ecosystem-based fisheries management requires broader performance indicators for the human dimension, Marine Policy, Volume 108, 2019, 103639, ISSN 0308-597X, https://doi.org/10.1016/j.marpol.2019.103639.
(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X18309126)
Abstract: Ecosystem-based fisheries management (EBFM) is a globally mandated approach with the intention to jointly address ecological and human (social-cultural, economic and institutional) dimensions. Indicators to measure performance against objectives have been suggested, tested, and refined but with a strong bias towards ecological indicators. In this paper, current use and application of indicators related to the human dimension in EBFM research and ecosystem models are analysed. It is found that compared to ecological counterparts, few indicators related to the human dimension are commonly associated with EBFM, and they mainly report on economic objectives related to fisheries. Similarly, in the most common ecosystem models, economic indicators are the most frequently used related to the human dimension, both in terms of model outputs and inputs. The prospect is small that indicators mainly related to profitable fishing economy are able to report on meeting the broad range of EBFM objectives and to successfully evaluate progress in achieving EBFM goals. To fully conform with EBFM principles, it is necessary to recognise that ecological and human indicators are inter-dependent. Moreover, the end-to-end ecosystem models used in EBFM will need to be further developed to allow a fuller spectrum of social-cultural, institutional, and economic objectives to be reported against.
Keywords: Indicators; Ecosystem-based fisheries management; Economic; Social-cultural; Institutional; Ecosystem models